Ni ante el mundo entero nos callarán.

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas"

(Canción “Canción Sin Miedo” de Vivir Quintana)

En medio del conflicto armado tan devastador que lleva dándose desde hace décadas en el patio trasero de Colombia, una valiente mujer y periodista llamada Jineth Bedoya, impulsada por la búsqueda de la verdad y una convicción de justicia –esa que a muchos colombianos se nos va apagando debido a la constante impunidad en el país– decidió investigar y documentar lo que sucedía en uno de los escenarios más alarmantes de la guerra entre el paramilitarismo y la guerrilla: la cárcel La Modelo, un lugar que para inicios del 2000 no era más que un nido de corrupción y una extensión del campo de batalla. En el mes de mayo de ese mismo año, tuvo lugar una masacre en dicha prisión, de la que resultaron víctimas 32 internos y la periodista se encargaba de la investigación para El Espectador. Jineth comenzó a recibir amenazas exigiendo que diera por terminada su tarea. Tras presentar una denuncia solicitando esquemas de seguridad, la única respuesta que recibió por parte de la Policía Nacional fue la sugerencia de “arreglar” una entrevista con los paramilitares, esperando que con ello cesaran las amenazas. Sin embargo, en el día programado, el 25 de mayo, en la entrada de la cárcel La Modelo, Jineth fue secuestrada y trasladada a un lugar en donde fue víctima de violación masiva, abusos y tortura. Lo más indignante del caso no es solo que sus agresores la hubieran dejado casi muerta en un pueblo aledaño a Bogotá, sino el hecho de que quien ordenó su secuestro resultó ser un General de la Policía, y otros agentes estatales, en complicidad con la red criminal paramilitar (Orozco, 2021).

En Colombia, parece estar arraigado en la idiosincrasia que un periodista no puede desarrollar satisfactoriamente sus funciones; no se puede investigar con total libertad y mucho menos informar a la sociedad porque antes de que esto ocurra, los que alzan la voz son perseguidos, torturados, secuestrados y/o asesinados. Jaime Garzón, por ejemplo, es una de tantas víctimas que han sido censuradas a través de la violencia. La libertad de expresión significa ahora un juego de ajedrez, donde aquellos que mandan –y juegan– en las sombras, mueven a su antojo aquellos hilos incrustados en sus manos, pudiendo sacrificar a cualquier peón que no les convenga. Ahora, en este punto algunos podrán plantearse los tan usados argumentos de cajón: que ella se lo buscó, o quizás justificar lo sucedido por ella estar “metiéndose” donde no debía; pero estos razonamientos, que se oyen comúnmente, no son más que escudos revictimizantes que pretenden ocultar la realidad desgarradora del caso Jineth Bedoya: que es un ejemplo vivo de que las periodistas no se encuentran protegidas, de que están sumidas en un olvido intencional y estatal porque fue desde el interior del Estado que se dio la orden. No obstante, Jineth Bedoya no sólo se encontraba en un riesgo especial por ser periodista, profesión donde es constantemente censurada la libertad de expresión, sino que tenía un evidente riesgo diferencial, que muchas veces se pasa por alto: ser una mujer. Fue en razón de su género que la represalia tomada contra ella, que pretendía silenciarla por su profesión, se instrumentalizó en violencia sexual; una forma de humillar y ultrajar por el hecho de ser mujer.

Así pues, el caso de Jineth Bedoya ha puesto sobre la mesa una problemática que, lastimosamente, ha pasado casi desapercibida a través de los años: la violencia sexual a mujeres en medio del conflicto armado. Con respecto a lo anterior, el Estado colombiano ha demeritado su caso por mucho tiempo, y el hecho de que el proceso no haya avanzado en la jurisdicción ordinaria, a pesar del irrefutable acervo probatorio existente por más de veinte años, lo demuestra. Por esta razón, en aras de superar la evidente –y casi familiar– impunidad, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para responsabilizar al Estado por no proteger los derechos de Jineth a pesar del conocimiento de su riesgo. En la primera audiencia pública, realizada el 15 de marzo de 2021, Jineth dio su estremecedor testimonio y varios jueces, en ejercicio de sus funciones, realizaron preguntas para la construcción de todos los hechos y, asimismo, reconocieron la magnitud del problema y se solidarizaron con la víctima. No obstante, después del interrogatorio, el vocero y agente del Estado, Camilo Gómez, anunció que Colombia se retiraba de la audiencia por falta de garantías, acusando a los jueces –una actuación nunca vista por ningún Estado en la historia de la Corte IDH– de una supuesta parcialidad a favor de la víctima, y solicitando que estos operen, en cambio, de acuerdo con la objetividad judicial.

Con aquella disposición adoptada por Colombia fuimos noticia mundial: un Estado que por primera vez se levanta de una audiencia internacional por una supuesta “falta de garantías”. Lo que hay que preguntarse es: ¿Desde cuándo la solidarización con una víctima de abuso sexual o preguntar el contexto social y político en el cual se desarrolló su violación es romper con la objetividad? Bien afirma Viviana Krsticevic, la abogada defensora de Jineth, que los jueces simplemente ofrecieron un "trato digno y respetuoso con la señora Bedoya consecuente con lo que le corresponde a un tribunal de derechos humanos frente a una víctima de violencia sexual" (Orozco, 2021). Se supone que un Estado democrático tiene la obligación positiva de prevenir y proteger a las mujeres de la violencia de género, y en dado caso, responder por sus acciones u omisiones. Sin embargo, el Estado no deja de fallarle a Jineth: le falló con ser cómplice de aquellos que la sentenciaron a vivir el horror, y ahora le falla, una vez más, al retirarse de una audiencia internacional. Por ende, es completamente aterradora la actitud tomada por el Estado colombiano, ya que demuestra una clara falta de compromiso con las víctimas y simboliza el poder de un gobierno opresor y negligente.

Mariposa Violeta, símbolo de Jineth Bedoya

Foto: Facebook (Center for Justice and International Law-CEJIL)

En nuestra imperante sociedad y cultura patriarcal de por sí ya parece casi imposible la total prevención de la violencia de género, y por esta razón es que cobra tanta importancia la justicia y reparación que ofrece la rama judicial en un Estado democrático. Sin embargo, en Colombia, aunque el aparato judicial se mueve, no avanza mucho en la judicialización de los agresores. Jineth Bedoya lleva veinte años buscando el reconocimiento de lo sucedido en el sistema interno, y el Estado le vuelve a fallar en el sistema internacional dándole la espalda y retirándose con un argumento totalmente absurdo e indolente. Inclusive, parece no bastarle la cachetada y la encogida de hombros realizada a Jineth en la audiencia, sino que días después se emitió un comunicado donde el vocero, Camilo Gómez, solicitaba –de manera muy oportunista– que el proceso continuará a través de una “solución amistosa" y reiteraba su "entendimiento" al dolor y sufrimiento de Jineth, declaraciones que no son más que intentos disuasivos para camuflar el hecho de que realizaron una actuación, en plena audiencia pública, que precisamente perpetúa la violencia de género: el macho (sí, el Estado), y todos aquellos cómplices en el poder con interés de asegurar que lo ocurrido no saliera a la luz, se debieron enojar porque la voz de aquella valiente mujer seguía sin ser silenciada, exponiendo la corrupción y complicidad de un Estado en el conflicto armado y la forma en que le arrebataron todo. Y fue así entonces que, en un acto desesperado, se ordenó la retirada y el vocero alegó una justificación bastante ridícula porque le temen al testimonio poderoso y verdadero de una mujer.

Es claro que el Estado no adoptó hace veinte años medidas de protección adecuadas hacia Jineth por ser periodista y mucho menos por ser mujer, y hoy en día continúa revictimizándola con técnicas dilatorias y humillantes. Afortunadamente, la Corte IDH declaró al día siguiente de la audiencia pública, improcedente la solicitud del Estado por ser revictimizante y desproporcionada. El caso de Bedoya está sentando un precedente en el litigio internacional y envía un fuerte mensaje para todas las mujeres: que alcemos nuestra voz y no callemos nunca hasta que seamos escuchadas. Su testimonio en la audiencia fue un grito desgarrador de la realidad a la que estamos expuestas las mujeres en un Estado que sistemáticamente falla y constantemente desprotege e ignora la dimensión del daño a las víctimas, y también fue un llanto de fatiga porque estamos cansadas de ser valientes. ¡Exigimos ser libres! A Jineth Bedoya, un mensaje: te admiramos y agradecemos por no callar, por persistir y nunca desistir, porque sin importar cuantas veces te falle el Estado, miles de personas te acompañan en la lucha y búsqueda de reparación y responsabilidad por lo que te hicieron, para que no seas una cifra más en aquella interminable lista. Y al Estado, otro mensaje: ¿Sabe que sí sería una “solución amistosa”? Que a las mujeres se les escuche, y principalmente se les crea, desde la primera vez que hablan, no veinte años o un siglo después.

Bibliografía y referencias

Orozco, C. (16 de marzo de 2021). “Me mataron, pero seguiré levantando mi voz”. El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/me-mataron-pero-seguire-levantando-mi-voz/

Quintana, V. (2020). Canción sin miedo. [Canción].

Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2021). Audiencia Pública. Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Parte 1. [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=uG7865Sgo70

Escrito por:

María Fernanda Velásquez Patiño

Valentina Ortega Carvajal

Camila Ávila Trujillo

Alejandra Campo Salvarán