Violencia Sexual como arma de guerra: una mirada al conflicto armado colombiano

Por: Jorge Duran y María Fernanda Orjuela

Pasados 50 años de conflicto armado, el resultado ha sido una guerra feroz, devastadora y cruel en la que la mayor parte de la violencia ha sido ejercida contra la población civil, y donde la distinción entre combatientes, excombatientes, o entre violencia legítima e ilegítima, se ha difuminado. En este marco de agresiones, la violencia sexual se erige como una monstruosidad que devora la dignidad de las mujeres, dejando a su paso un rastro de desolación y muerte. De este modo, se han reforzado jerarquías de género y ciclos de violencia que trascienden el campo de batalla, además de perpetuar la discriminación racial, que justifica la violencia sexual por parte de los grupos armados, convirtiendo los cuerpos de las mujeres en símbolos de dominación. El aborto forzado, el acceso carnal violento, el abuso y la explotación sexual se configuran como armas de guerra que desmembran comunidades y sumergen a las mujeres en un mar de terror y desesperanza.

La violencia sexual cuestiona las nociones de seguridad, siendo a menudo invisible y menos costosa que las balas, ya que solo requiere intimidación física, pero su impacto es considerable (ONU Mujeres, 2010). Los grupos paramilitares utilizan esta violencia como una herramienta de control social sobre las actividades de las mujeres, imponiendo códigos de conducta que, al ser transgredidos, son castigados. En los procesos de reclutamiento forzado, mujeres y niñas son obligadas a tener relaciones sexuales, prostituirse, utilizar métodos anticonceptivos o abortar en caso de embarazo. Es igualmente preocupante que las fuerzas de seguridad, encargadas de proteger a la población civil, estén implicadas en hechos de violencia sexual. Estas instituciones, que simbolizan seguridad, disciplina y servicio público, al violar los derechos de las personas, dejan a las mujeres y a la población en general sin una autoridad que les permita obtener justicia y protección.

En este contexto, la violencia sexual emerge como un arma de guerra, utilizada de manera calculada por actores armados para despojar a las comunidades de su cohesión social y cultural, atacando brutalmente el vínculo que las mujeres tienen con su territorio. Esta violencia no solo inflige un daño físico, sino que también representa un asalto directo a la esencia misma de los pueblos, donde las mujeres, como guardianas de la cultura y la identidad, son sometidas a una humillación que trasciende lo individual. Al convertir sus cuerpos en campos de batalla, los perpetradores buscan desestabilizar el tejido social, erosionando la confianza y la resistencia comunitaria. Cada acto de violencia sexual no solo hiere a la víctima, sino que también profana el territorio que representa su hogar y su historia, transformándolo en un espacio de terror y control. Así, esta estrategia de dominación revela una intención clara: despojar a las comunidades de su autonomía y dignidad, dejando cicatrices imborrables que afectan a toda la colectividad y convierten el territorio en un símbolo de sufrimiento y resistencia.

De esta manera, la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia se despliega como un eco desgarrador de un sistema patriarcal que reduce a las mujeres a meros objetos, sombras en la penumbra de hombres armados. En este oscuro teatro de guerra, tanto los ejércitos regulares como los irregulares ejercen su dominio, transformando a las mujeres en esclavas sexuales, en cuerpos sin voz, en territorios de conquista. Un claro ejemplo de estas brutalidades es el caso de Ana, una joven de 18 años que fue secuestrada por alias "Guacho" mientras regresaba de la escuela. Llevada a un campamento, fue víctima de violencia sexual y desaparecida, un símbolo de la impunidad que rodea estos crímenes. Similarmente, María, otra joven, fue capturada durante un evento comunitario y forzada a servir al grupo guerrillero, sufriendo abusos sistemáticos que reflejan la violencia de género que "Guacho" perpetró. Estas mujeres, atrapadas en una red de opresión, no solo sufren el golpe del abuso, sino que enfrentan la cruel revictimización que las silencia y despoja de su humanidad. Cada acto de violencia se convierte en un susurro de un estado y patriarcado que se niega a ver, donde el sufrimiento se vuelve invisible, y la lucha por la verdad se convierte en un grito ahogado en la memoria colectiva.

La interseccionalidad se erige como un prisma esencial que permite comprender la tragedia de las mujeres de estas poblaciones en Colombia, quienes no solo vivieron este tipo de violencia, sino también discriminación racial y social, cargando con un silencio cómplice que no ofrece la protección ni la justicia necesaria, perpetuando una deuda histórica. Este contexto lleno de agresiones y opresión se ve intensificado por un estigma social que las acusa de “haberlo pedido”, alimentando una cultura de ineficiencia institucional y de impunidad.

En definitiva, se comprende un escenario en el que la guerra ya no solo es librada entre actores armados, y en el cual balas, fusiles y granadas no son el único elemento capaz de despojar vidas. La violencia sexual arremetida contra las mujeres brota como instrumento que desmiembra su identidad y dignidad, funcionando como un elemento de control y desconfigurando los territorios habitados por estas mujeres. Esto permite a los grupos armados ejercer control sobre dichos territorios, perpetuando ciclos de una guerra cruel, devastadora y feroz, que no deja más que rastros de desolación.